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  • La lista de la vergüenza : El Bio-Bac y la homeopatía


    11/07/2014

    Desde que se inició el juicio contra los responsables de la comercialización del Bio-Bac ha surgido una pregunta bastante obvia: ¿qué diferencia hay entre este caso y la venta de homeopatía? Ahora, cuando acaba de conocerse la sentencia recaída en aquel juicio, la pregunta sigue en el aire. La ha formulado, por ejemplo, Javier Panadero:

    Twitter   javierfpanadero  Cuál es

    Lo cierto es que entre ambos casos hay paralelismos, pero también diferencias, y quizá la mejor manera de ver unos y otros sea analizar primero qué ha pasado con el juicio del Bio-Bac. Los medios han recibido la sentencia con titulares como este:

    Absueltos de delito Bio Bac   Salud   EL MUNDO

    o este otro:

    Absueltos  Bio Bac   Sociedad   EL PAÍS

    Y claro, teniendo en cuenta que se trataba de un caso de venta de un producto totalmente ineficaz que se comercializaba, entre otras cosas, como remedio contra el cáncer, es lógico que a mucha gente el fallo le haya causado bastante perplejidad. ¿Cómo es posible que eso no se considere un delito contra la salud pública?

    Pues porque no lo es.

    La explicación la tenemos, como era de esperar, en la sentencia (que publica el Diario Vasco en este pdf), pero antes veamos lo que dice el artículo 362 del Código Penal:

    Artículo 362

    1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de seis a dieciocho meses e inhabilitación especial para profesión u oficio de uno a tres años:

    1.º El que altere, al fabricarlo o elaborarlo o en un momento posterior, la cantidad, la dosis o la composición genuina, según lo autorizado o declarado, de un medicamento, privándole total o parcialmente de su eficacia terapéutica, y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas. 2.º El que, con ánimo de expenderlos o utilizarlos de cualquier manera, imite o simule medicamentos o sustancias productoras de efectos beneficiosos para la salud, dándoles apariencia de verdaderos, y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas. 3.º El que, conociendo su alteración y con propósito de expenderlos o destinarlos al uso por otras personas, tenga en depósito, anuncie o haga publicidad, ofrezca, exhiba, venda facilite o utilice en cualquier forma los medicamentos referidos y con ello ponga en peligro la vida o la salud de las personas.

    2. Las penas de inhabilitación previstas en este artículo y en los anteriores serán de tres a seis años cuando los hechos sean cometidos por farmacéuticos, o por los directores técnicos de laboratorios legalmente autorizados, en cuyo nombre o representación actúen.

    3. En casos de suma gravedad, los Jueces o Tribunales, teniendo en cuenta las circunstancias personales del autor y las del hecho podrán imponer las penas superiores en grado a las antes señaladas.

    Como podemos ver, para que se de este delito es preciso que concurran dos circunstancias: que se altere, falsifique o imite un medicamento y también que con ello se ponga en peligro la vida o la salud de las personas.

    Respecto a lo primero, la simulación de medicamento, la Magistrada-Juez lo tiene clarísimo: tras un concienzudo análisis de la prueba practicada llega a la conclusión de que se trata de un medicamento falso. De hecho, el razonamiento de la sentencia es muy interesante de cara a tantos productos que se venden con supuestas finalidades terapéuticas pero que evitan cuidadosamente cualquier uso de la palabra “medicamento”: como bien dice la Magistrada-Juez,

    aunque se comercializara un producto como suplemento alimenticio, si la información que se acompañaba con el mismo, así como los prospectos del producto que se ofrecían por los vendedores del Bio-bac, referían las propiedades terapéuticas del mismo, nos encontraríamos con un medicamento, tal y como viene definido en el artículo 6 de la Ley de 1990, en cuyo caso nos hallaríamos ante un medicamento falso pues, faltando a la verdad, se transmitía a los posibles consumidores del producto, que el mismo tenía una eficacia curativa que, únicamente puede poseer aquello que se considere medicamento, y que como se ha reflejado en el anterior fundamento de derecho, debe obtener la correspondiente autorización de las autoridades sanitarias para su comercialización como medicamento, lo que no había logrado el Bio-bac, a pesar del intento de autorizarlo su inventor.

    [...]

    El prospecto del Biobac, que se entregaba a los pacientes, desvirtúa las declaraciones de los acusados, en cuanto al extremo de que nunca se vendió el producto como medicamento, pues el mismo se presentaba como un producto natural y a la vez, y como propiedades, como se ha indicado anteriormente, se señalaba que era inmunoestimulante, antimetastasico y condroprotector. Al referir que era un inmunoestimulante se refiere al reforzamiento del sistema inmunitario que no tiene porque provenir de un medicamento, sino que podría ser un nutriente; en este sentido, ningún problema plantearía la presentación del bio-bac como un inmunoestimulante. Al referirse, el prospecto, a un antimetastásico, si la metástasis es la propagación del tumor cancerígeno desde el órgano afectado por el mismo, a otros órganos del cuerpo, es evidente que, si se afirma que es antimetástasico, quiere decir que evitaba la propagación de las células cancerígenas y su invasión a otras partes del cuerpo y, por consiguiente, producía cierta curación del cáncer, o por lo menos prevención, lo que de conformidad con el art. 8 de la Ley del Medicamento, se incluye dentro de la definición propia de medicamento. Asimismo, se hacía referencia a que se trataba de un condroprotector, es decir el freno o retraso del deterioro del tejido cartilaginoso, evitando la aparición de la artrosis o bien el avance de la enfermedad. De nuevo se anunciaban propiedades terapéuticas del producto que debía ser comercializado, en su caso, como medicamento y con la correspondiente autorización sanitaria.

    Lo que falla, en este caso, es el segundo requisito, el de haber puesto en peligro la vida o la salud de las personas. Para empezar, no se demostró que el Bio-Bac causase de por sí daño a las personas, entre otras cosas a causa de una investigación chapucera: los laboratorios habían detectado contaminación por hongos y bacterias en varios frascos del producto, pero no se pudo demostrar que habían sido correctamente manipulados antes o durante los análisis, por lo que la prueba no valía.

    Claro que también cabía el caso de que el producto causase daño “por omisión”. Como dijo un perito citado por la Magistrada,

    lo que ve más peligroso en la comercialización del Bio-bac es que el mismo se vendía como medicamento, generando en el enfermo la impresión de que le va a curar, pudiendo provocar el rechazo del tratamiento convencional, con el consiguiente riesgo para la vida y salud del mismo

    La Magistrada, citando una Sentencia del Tribunal Supremo (pdf), añade que

    “…Se alega que si la sustancia era inocua, como se expresa en el relato fáctico, no podía poner en peligro la salud o la vida de los pacientes. Sin embargo se olvida que, como señala la sentencia de instancia, la puesta en peligro concreto de la salud o la vida de los pacientes no se produce en este caso por los efectos nocivos de la sustancia en si misma, sino por el hecho de su absoluta inoperancia y porque, como reconoce el condenado, su administración sustituía al tratamiento médico convencional, con lo cual en una enfermedad de tan acusada gravedad como el cáncer, la confianza de los pacientes en esta sustancia inocua impedía que acudiesen o conservasen otros tratamientos más efectivos, poniendo con ello en grave peligro su salud y su vida. En los delitos de peligro concreto se exige un peligro próximo o inmediato de que se materialice la probabilidad de lesión para el bien jurídico. Y es claro que los pacientes enfermos de cáncer que abandonaron su tratamiento original o prescindieron de someterse al mismo, por consumir el ineficaz seudo- medicamento del condenado, tal como consta relacionado en numerosos casos concretos en los hechos probados, se pusieron en peligro próximo e inmediato de agravamiento de su enfermedad, falleciendo en un número relevante de casos. El motivo, por tanto, debe ser desestimado”.

    Pero lo cierto es que en el juicio no se ha demostrado que los pacientes abandonasen el tratamiento convencional, o siquiera que los acusados les recomendasen que lo hicieran:

    Acudiendo de nuevo a las testifícales practicadas en el plenario, esta Juzgadora advirtió que ninguno de los numerosos testigos que depusieron en el acto del juicio refirieron que el producto le causara un daño a la salud, ni abandonaron el tratamiento de quimioterapia, radioterapia, o cualquier otro que estuvieran recibiendo.

    Eso no quiere decir, evidentemente, que no haya podido haberse producido esta circunstancia con algún otro paciente, pero lo cierto es que ninguno de los que aparecieron por el juicio (y fueron bastantes) sufrió daños en su salud directamente por el consumo del producto, y tampoco abandonaron el tratamiento ni consta que se les aconsejase que lo abandonaran:

    Incluso cuando alguna de las personas que efectuaba la llamada, indicaba a la telefonista la duda sobre la efectividad del producto que se comercializaba, ésta siempre le informaba que hablaran primero con su médico y que después decidieran si querían consumir el Bio-bac. En las intervenciones telefónicas, a pesar de que se hablaba de la eficacia terapéutica del producto Bio-bac, no se incitaba a los pacientes a abandonar el tratamiento pautado por su médico.

    Salvo en el caso de uno de los acusados, ya fallecido:

    La única persona en este procedimiento que incitaba al abandono, principalmente, del tratamiento de quimioterapia y radioterapia que debían seguir los enfermos de cáncer, fue el doctor Moriano. Si bien, respecto del mismo se declaró extinguida su responsabilidad criminal al haber fallecido

    Por lo tanto, no se puede considerar que se haya cometido el delito.

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    De la que no se han librado es de la condena por la comisión de un delito de publicidad fraudulenta, tipificado en el artículo 282 del Código Penal:

    Artículo 282

    Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos.

    (Delito que, por cierto, en la época en la que ocurrieron los hechos estaba castigado con unas penas inferiores, aunque la redacción del tipo penal era idéntica).

    La sentencia explica que

    Se trata de que el consumidor pueda realizar una elección libre del producto que adquiere y basada en una información veraz, lo que no ocurrió en el presente supuesto, pues todos los consumidores procedían a adquirir el producto Bio-bac, confiados en la información que ofrecía el prospecto que se les entregaba así como en la información que sobre el producto se ofrecía en internet. Dicha información, como se ha dicho en los anteriores fundamentos de derecho, no era veraz, pues el producto no poseía propiedades curativas de determinadas enfermedades, tal y como se pretendía hacer ver. Evidentemente, si la información hubiera sido otra y se hubiera vendido con las características que tiene el bio-bac, es decir como complemento dietético y no con la finalidad curativa con el que se anunciaba, los beneficios económicos obtenidos por el Sr Chacón, hubieran sido extremadamente menores. Se realizaron alegaciones falsas y se atribuían facultades terapéuticas al producto Bio-bac, que no eran tales, pues como se ha señalado, y reconoce la propia defensa se trataba de un suplemento dietético.

    A primera vista puede parecer que falta el requisito que veíamos antes con relación al delito contra la salud pública, es decir, el perjuicio para los consumidores, pero observemos que el tipo penal solo exige que la conducta pueda causar ese perjuicio, no que lo haya causado efectivamente (lo que llevaría, en su caso, a esa comisión de otros delitos de la que también habla el artículo 282). La Magistrada lo explica así:

    En este tipo delictivo no es precisa la causación de un perjuicio, siendo suficiente con que exista potencialidad dañina con la comercialización del producto.

    Pero es que además en este caso sí que se causó un perjuicio:

    Pero es que, en el presente supuesto, es evidente la causación de un perjuicio de carácter económico a los distintos consumidores, a la vista del precio a que ascendió la venta del Bio-bac que llegó a distribuirse por el precio de 25000 ptas., cuando en un principio se comercializaba por el precio de 5000 ptas.

    Perjuicio que en algunos casos resultaba especialmente grave:

    Dicho perjuicio es mayor, por lo tanto, si se tienen en cuenta las circunstancias excepcionales de las personas que llamaban para pedir el producto Bio-bac, personas con familiares aquejados de una grave enfermedad, y algunas de ellas, como se ha visto en las testificales practicadas, con escasos recursos económicos, y que adquirían el producto con la finalidad de que sus familiares se repusieran de la enfermedad que sufrían, gastando, para ello y si fuera preciso, todos sus ahorros para adquirir un producto cuya publicidad mostraba unas propiedades terapéuticas no acreditadas.

    Claro, al leer esto mucha gente piensa automáticamente en la estafa, y de hecho ha causado bastante estupor que la Magistrada no haya condenado a esta gente por ese delito. Pero es que, como dice la propia Magistrada-Juez,

    …esta Juzgadora, al no haber sido formulada la acusación por la presunta comisión de un delito de estafa, no va a entrar en el estudio de este nuevo tipo delictivo, pues es sabido que el derecho penal español se rige por el principio acusatorio, que impide al Juez entrar a valorar un hecho delictivo distinto al que se incluye en la acusación particular o pública.

    Esto último es cierto: si el Ministerio Fiscal o la acusación particular no formulan acusación respecto a este delito, los acusados no pueden ser condenados por él. Lo que no resulta ser del todo cierto es que la Magistrada no vaya a entrar en el estudio del delito, porque resulta que sí que lo hace, citando (de nuevo con acierto) una Sentencia de la Audiencia Provincial de Logroño. Estudio que la Magistrada incluye en la sentencia por la relación entre los delitos de estafa y publicidad fraudulenta, pero también, me da la impresión, para lanzar un reproche a las acusaciones, que probablemente hubiesen podido demostrar la existencia de algún engaño que en este caso (no como en otros) sí que hubiese revestido las características de una estafa.

    Sea como sea, las cosas con el Bio-Bac han quedado así, al menos de momento. Pero… ¿Y qué pasa con la homeopatía?

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    Viñeta de Poul Strøyer publicada en 1949 con motivo del “escándalo de las píldoras” homeopáticas de Suecia.

    A primera vista los paralelismos entre el Bio-Bac y la homeopatía no faltan:

    1. Al igual que el Bio-Bac, los productos homeopáticos se venden como si fueran medicamentos pero hoy por hoy no han sido autorizados como tales (salvo una docena de excepciones).
    2. Al igual que el Bio-Bac (al menos en lo que ha podido demostrarse en este procedimiento judicial), son inocuos, pero existe el peligro de que pacientes necesitados de un tratamiento real lo abandonen.
    3. Al igual que el Bio-Bac, se venden como poseedores de unas cualidades terapéuticas que no han demostrado (pdf).

    También hay diferencias, claro. Por ejemplo, sus precios, aunque sean disparatados en relación con lo que realmente contienen, no llegan a las barbaridades que se pedían por el Bio-Bac. Y, como hemos visto tantas veces aquí, parecen contar con el respaldo de varios Colegios Oficiales y Universidades de nuestro país.

    Pero… ¿llegaría ese paralelismo a tener trascendencia penal? Vamos a ver esos tres puntos.

    El primero es quizá el más discutible, en parte por la situación legal de los productos homeopáticos: aunque aún no estén legalizados, lo cierto es que podrían estarlo si la industria no hubiese saboteado sistemáticamente los intentos que se vienen llevando a cabo desde 1994. Es lamentable pero, como hemos contado muchas veces, la normativa española (trasposición a su vez de la europea) abre la puerta a que estos productos sean autorizados como medicamentos. Muchos de ellos mediante un procedimiento simplificado, que solo existe para los productos homeopáticos y que permite aprobarlos aunque sin indicaciones terapéuticas. Pero otros mediante el procedimiento común, un procedimiento que, en circunstancias normales, debería permitir el paso solo a aquellos productos que de verdad acreditasen su efectividad, pero que si las autoridades sanitarias relajan sus exigencias (y las autoridades españolas, me temo, están pero que muy relajadas) podría abrir la puerta a productos con indicación terapéutica simplemente demostrando que los homeópatas vienen usándolos tradicionalmente para “tratar” esas afecciones, sin necesidad de demostrar que alguna vez lo hayan hecho con éxito.

    Así las cosas es difícil adivinar a priori si la venta de un producto homeopático podría ser considerada por un Tribunal como constitutiva del delito contra la salud pública tipificado en el artículo 362 del Código Penal. Si el producto en cuestión resultase finalmente autorizado probablemente habría que considerar que, al gozar legalmente de la condición de medicamento (aunque no lo merezca) su venta no es delictiva, y si se tratase de uno de tantos productos que se venden sin molestarse en realizar ningún trámite administrativo es muy posible que sí se considerase que su venta es punible. Pero en el caso de los productos cuya autorización se solicitó en 1994, y que (al menos en teoría) no la obtuvieron porque las autoridades sanitarias no resolvieron a tiempo los expedientes, la cosa no está tan clara. Estrictamente hablando su comercialización es ilegal, y los vendedores deberían haber retirado del mercado sus productos y, si lo considerasen pertinente, haber presentado en su momento los correspondientes recursos contencioso-administrativos contra la denegación de la autorización por silencio administrativo. Pero la postura equívoca del Ministerio (que se empeña en afirmar que aquellos productos se venden bajo una autorización provisional aunque, como hemos visto ya por aquí, los tribunales dicen lo contrario) podría conseguir que algún juez benévolo se inclinase por no apreciar la existencia de delito.

    El segundo, el de los perjuicios causados por el producto, dependería evidentemente de cada caso. Como hemos visto, el tipo penal del artículo 362 exige que se haya producido un peligro para la vida o la salud de las personas, y ese peligro se habrá materializado o no en función de lo que haya ocurrido en cada supuesto concreto.

    Pero el tercero, ¡ay, el tercero! Recordemos, decíamos que al igual que el Bio-Bac, los productos homeopáticos se venden como poseedores de unas cualidades terapéuticas que no han demostrado, y este punto puede resultar relevante incluso en el caso de los productos que consigan esa autorización. Recordemos que el artículo 282 del Código Penal castiga a

    los fabricantes o comerciantes que, en sus ofertas o publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores

    Evidentemente, los fabricantes o comerciantes de productos que resulten aprobados sin indicación terapéutica y que, a pesar de eso, insistan en que sus remedios sirven para tratar tal o cual dolencia pueden incurrir en esta conducta. Conducta que, me temo, veremos a menudo: en el proceso de regularización, al Ministerio se le ha “olvidado” que la normativa europea exige que en ninguna información relativa a esos productos aparezca ninguna indicación terapéutica, así que no establece ninguna limitación a su publicidad o al contenido de envases y prospectos.

    Pero el artículo podría ser aplicable incluso para aquellos productos que, contando con la previsible manga ancha de la Agencia que dirige Belén Crespo, logren una autorización con indicaciones terapéuticas. Y es que si, como parece, las autoridades sanitarias autorizan estos productos aceptando simplemente que se demuestre su “uso tradicional”, esa autorización no servirá para que los fabricantes se cubran las espaldas, puesto que solo habrán demostrado eso, un “uso tradicional”, pero no que ese uso sirva realmente para nada.

    Todo lo cual, por supuesto, no deja de ser un simple ejercicio retórico: para que llegásemos a ver a un laboratorio homeopático condenado por publicidad fraudulenta haría falta afrontar un largo y previsiblemente duro procedimiento judicial, y la cuantía del timo de la homeopatía no suele justificar que nadie se meta en esos fregados.

    Pero, si lo piensan, verán que hay una forma mucho más eficaz de evitar que se repita esa publicidad engañosa: que el Ministerio de marcha atrás en sus intenciones y acometa el proceso de regularización en condiciones, cumpliendo estrictamente con las obligaciones que nos impone la normativa europea, velando por los intereses de los consumidores y no de la industria, y trabajando para que algún día no haya ninguna norma que permita vender placebos con la etiqueta de “medicamentos”.

    Que es lo que vamos a pedir el próximo 12 de julio en Madrid, Barcelona, Santiago y Murcia. Allí nos veremos.

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